Moción a favor de la ley estatal trans – Ara Decidim Ripollet

MOCIÓN A FAVOR DE LA LEY TRANS ESTATAL

En las últimos semanas ha saltado a la actualidad el borrador de la futura Ley Trans Estatal, la cual tiene como objetivo hacer frente a la deuda histórico de nuestra sociedad con las personas trans.

Este borrador es fruto del trabajo y esfuerzo del colectivo trans articulado mediante la Plataforma Trans Estatal, con una serie de jornadas de trabajo y procesos participativos abiertos realizados conjuntamente con el Ministerio de Igualdad y la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI.

Una de los principales hitos de este borrador es la superación de la vigente Ley 3/2007, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, la cual ha quedado obsoleta y desfasada, puesto que patologiza (es decir, trata como enfermedad) la elección de género al exigir la intervención psiquiátrica y médica, mediante la necesidad del diagnostico de disfòria de género y la administración de un tratamiento hormonal, para que una persona pueda firmar quién es y poder proceder a la rectificación registral de su género. Este hecho provoca que las personas trans tengan que sufrir dos años de periplo médico y burocrático patologizador que afecta su bienestar psicosocial.

Con la aprobación del actual borrador de Ley Trans, las personas podrán decidir sobre sus propios cuerpos y su propia vida sin depender de nadie, puesto que solo será necesaria la autorización expresa de la persona interesada, sin tener que estar condicionada, en ningún caso, a la acreditación de tener que someterse a ningún tipo de cirugía, terapias hormonales, tratamientos psicológicos, psiquiátricos o médicos de ningún tipo. Ante la publicación del dicho borrador han surgido voces críticas, entre las que destacan la vicepresidenta del gobierno español, Carmen Calvo, que afirma que esta propuesta “pone en riesgo los criterios de identidad del resto de 47 millones de españoles”, mostrando su preocupación por la posibilidad de escoger el género “sin mas que su voluntad o deseo”, declaraciones que contrastan con la propuesta de ley que el PSOE presentó en 2017 (con una ponencia posterior al 2019) muy similar a la que ha hecho el Ministerio de Igualdad. Tampoco se pueden dejar de banda las declaraciones de personas y colectivos que afirman que no se puede considerar mujeres a las mujeres trans, unos hechos preocupantes en una sociedad donde no se puede excluir a nadie y donde la ultraderecha está haciendo suyos estos discursos de odio.

Hace falta, en este punto, recordar los Principios de Yogyakarta de 2006, sobre la aplicación de la legislación internacional de los derechos humanos con relación a la orientación sexual y la identidad de género, presentados a las Naciones Unidas en 2007 por la Comisión Internacional de Juristas y el Servicio Internacional para los Derechos Humanos, donde se insta en los estados a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de cualquier índole necesarias para respetar plenamente y reconocer legalmente el derecho de cada persona a determinar su identidad de género y a vivir su orientación sexual con respeto. También hay que hacer mención a la Resolución 20/48 de 2015, del Consejo de Europa y a la estrategia de la Comisión Europea presentada al mes de noviembre de 2020, para impulsar la igualdad entre los colectivos LGTBIQ, puesto que a ambas se concluye que la autodeterminación es esencial para mejorar el reconocimiento de las personas trans.

En este sentido, el colectivo LGTBI cuenta en Catalunya, cuenta desde hace años, con la Ley 11/2014, del 10 de octubre, para garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, e intersexuales, y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia, de importante trascendencia para la dignidad y el reconocimiento de los derechos del colectivo LGTBI en Catalunya. Esta ley pone énfasis en la despatologización de las identidades trans y pone en valor la autodeterminación como herramienta que reconoce a las personas trans como sujetos de derecho, principio que ha adquirido rango de derechos humanos fundamental, que forma parte de los estándares europeos y que es imprescindible para abordar la discriminación y garantizar la igualdad de las personas trans. De hecho, hasta trece comunidades autónomas del conjunto del estado tienen ley especifica LGTBI y/o ley especifica trans. Estas leyes, pero, tienen las limitaciones propias de las competencias autonómicas. Esta situación produce no poder asegurar los derechos de las personas trans de una forma real y efectivamente integral, y genera un trato desigual en función del lugar de residencia, además de cierta confusión, puesto que las personas trans que residen en ciertas comunidades autónomas pueden modificar su sexo y nombre en los documentos administrativos dependientes de las administraciones autonómicas, pero no así en los documentos identificativos nacionales, entre los cuales hay que destacar el documento nacional de identidad.

En el Estado español se han logrado los últimos años importantes hitos en reconocimientos del colectivo LGTBI, como la aprobación del matrimonio entre dos personas del mismo sexo, pero es notorio que hay carencias que impiden que el marco estatal de protección de las personas trans dé cumplimiento a los estándares internacionales de protección de los Derechos Humanos, además del hecho que excluye a determinados colectivos como a los menores de edad o las personas migradas.

Como ejemplo, en el mes de julio de 2019, el pleno del Tribunal Constitucional ha estimado la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo respecto a la Ley 3/2007, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, y lo ha hecho en un sentido favorable al derecho de las personas transexuales menores de edad al ver reconocida legalmente su identidad de género. En cualquier caso, la decisión del Constitucional pone de manifiesto, una vez más, el anticuado del marco legislativo español en cuanto a las garantías para la identidad legal de las personas trans. El borrador de Ley Trans elaborado por el Ministerio de Igualdad con la participación de los colectivos trans es una herramienta necesaria y precisa. La realidad pone de manifiesto, a pesar de algunos adelantos en los últimos años, que la discriminación estructural que sufren las personas trans es atravesada con toda su crudeza en todos los ámbitos de la vida social: el sanitario, el educativo, el laboral entre otros.

Ha llegado el momento de considerar a las personas trans como sujetos activos en la formulación de políticas y disposiciones normativas, que no patologicen sus cuerpos ni sus identidades a través de requerimientos e intervenciones médicas, que sean reconocidas socialmente las múltiples identidades sexo-genéricas y que se implementen medidas para conseguir la auténtica igualdad social de las personas trans. Por lo expuesto, el Grupo  Municipal de Decidim Ripollet propone los siguientes puntos al pleno:

 

1. Instar en el Gobierno de España a tramitar y aprobar la Ley para la Igualdad de las Personas Trans, fundamentada en la despatologización de las identidades trans, en la autodeterminación de la identidad y expresión de género y en el abordaje de políticas para intervenir en la desigualdad estructural que sufren las personas trans en múltiples ámbitos de la vida social, tal como ha expresado la Plataforma Trans Estatal..
2. Informar a todos los Grupos del Congreso de los Diputados de esta moción, así como al Ministerio de Igualdad, a la Plataforma Trans Estatal, Observatori Contra l’Homofòbia, a la Xarxa de Municipis LGTBI de Catalunya y a la Federación Estatal de Lesbianas Gays, Trans y Bisexuales (FELGTB).

 

 

 

MOCIÓ A FAVOR DE LA LLEI TRANS ESTATAL

A les darrers setmanes ha saltat a l’actualitat l’esborrany de la futura Llei Trans Estatal, la qual té com a objectiu fer front al deute històric de la nostra societat amb les persones trans.

Aquest esborrany es fruit del treball i esforç del col·lectiu trans articulat mitjançant la Plataforma Trans Estatal, amb un seguit de jornades de treball i processos participatius oberts realitzats conjuntament amb el Ministerio de Igualdad i la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI.

Una de les principals fites d’aquest esborrany és la superació de la vigent Llei 3/2007, reguladora de la rectificació registral de l’esment relatiu al sexe de les persones, la qual ha quedat obsoleta i desfasada, ja que patologitza (es a dir, tracta com a malaltia) l’elecció de gènere en exigir la intervenció psiquiàtrica i mèdica, mitjançant la necessitat del diagnostic de disfòria i l’administració d’un tractament hormonal, per tal que una persona pugui afirmar qui és i poder procedir a la rectificació registral del seu gènere. Aquest fet provoca que les persones trans hagin de patir dos anys de periple mèdic i burocràtic patologitzador que afecta el seu benestar psicosocial.

Amb l’aprovació de l’actual esborrany de Llei Trans les persones podrien decidir sobre els seus propis cossos i la seva pròpia vida sense dependre de ningú, ja que només seria necessària l’autorització expressa de la persona interessada, sense haver d’estar condicionat, en cap cas, a l’acreditació d’haver de sotmetre’s a cap mena de cirurgia, teràpies hormonals, tractaments psicològics, psiquiàtrics o mèdics de cap tipus.

Davant de la publicació del dit esborrany hi han sorgit veus crítiques, entre les que ha destacat la vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, que afirma que aquesta proposta “posa en risc els criteris d’identitat de la resta de 47 milions d’espanyols”, mostrant la seva preocupació per la possibilitat d’escollir el gènere “sense mes que la seva voluntat o desig”, declaracions que contrasten amb la proposta de llei que el PSOE va presentar l’any 2017 (amb una ponència posterior al 2019) molt similar a la que ha fet el Ministerio de Igualdad.

Tampoc es poden deixar de banda les declaracions de persones i col·lectius que afirmen que no es pot considerar dones a les dones trans, uns fets preocupants en una societat on no es pot excloure a ningú, i on la ultradreta està fent seus aquests discursos d’odi.

Cal, en aquest punt, recordar els Principis de Yogyakarta de 2006, sobre l’aplicació de la legislació internacional dels drets humans amb relació a l’orientació sexual i la identitat de gènere, presentats en les Nacions Unides en 2007 per la Comissió Internacional de Juristes i el Servei Internacional per als Drets Humans, on s’insta als estats a adoptar totes les mesures legislatives, administratives i de qualsevol índole necessàries per respectar plenament i reconèixer legalment el dret de cada persona a determinar la seva la identitat de gènere i a viure la seva orientació sexual amb respecte. També cal fer esment a la Resolució 20/48 de 2015, del Consell d’Europa i a l’estratègia de la Comissió Europea de 18 (12?) de novembre de 2020 per impulsar la igualtat entre els col·lectius LGTBIQ, ja que a ambdues es conclou que l’autodeterminació és essencial per millorar el reconeixement de les persones trans.

En aquest sentit, el col·lectiu LGTBI compta a Catalunya, des de fa anys, amb la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres, i intersexuals, i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia,  d’important transcendència per a la dignitat i el reconeixement dels drets del col·lectiu LGTBI a Catalunya. Aquesta llei posa èmfasi en la despatologització de les identitats trans i posa en valor l’autodeterminació com a eina que reconeix a les persones trans com a subjectes de dret, principi que ha adquirit rang de dret humà fonamental, que forma part dels estàndards europeus i que és imprescindible per a abordar la discriminació i garantir la igualtat de les persones trans.

 

De fet, fins a tretze comunitats autònomes del conjunt de l’estat tenen llei especifica LGTBI i/o llei especifica trans. Aquestes lleis, però, tenen les limitacions pròpies de les competències autonòmiques. Aquesta situació produeix no poder assegurar els drets de les persones trans d’una forma real i efectivament integral, i genera un tracte desigual en funció del lloc de residència, a més de certa confusió, ja que les persones trans que resideixen en certes comunitats autònomes poden modificar el seu sexe i nom en els documents administratius dependents de les administracions autonòmiques, però no així en els documents identificatius nacionals, entre els quals cal destacar el document nacional d’identitat.

 

A l’Estat espanyol s’han assolit als darrers anys importants fites en reconeixements del col·lectiu LGTBI, com l’aprovació del matrimoni entre dues persones del mateix sexe, però és notori que hi ha mancances que impedeixen que el marc estatal de protecció de les persones trans doni compliment als estàndards internacionals de protecció dels Drets Humans, a més del fet que exclou a determinats col·lectius com als menors d’edat o les persones migrades.

Com a exemple, al mes de juliol de 2019, el ple del Tribunal Constitucional ha estimat la qüestió d’inconstitucionalitat plantejada pel Tribunal Suprem respecte a la Llei 3/2007, reguladora de la rectificació registral de l’esment relatiu al sexe de les persones, i ho ha fet en un sentit favorable al dret de les persones transsexuals menors d’edat al veure reconeguda legalment la seva identitat de gènere. En qualsevol cas, la decisió del Constitucional posa de manifest, una vegada més, l’antiquat del marc legislatiu espanyol pel que fa a les garanties per a la identitat legal de les persones trans.

L’esborrany de Llei Trans elaborat pel Ministeri d’Igualtat amb la participació dels col·lectius trans és una eina necessària i precisa. La realitat posa de manifest, malgrat alguns avenços dels últims anys, que la discriminació estructural que pateixen les persones trans és travessada amb tota la seva cruesa en tots els àmbits de la vida social: el sanitari, l’educatiu, el laboral entre d’altres. Ha arribat el moment de considerar a les persones trans com a subjectes actius en la formulació de polítiques i disposicions normatives, que no patologitzin els seus cossos ni les seves identitats a través de requeriments i intervencions mèdiques, que siguin reconegudes socialment les múltiples identitats sexe-genèriques i que s’implementin mesures per aconseguir l’autèntica igualtat social de les persones trans.

Per tot el que s’ha exposat, el Grup Municipal de Decidim Ripollet proposa els següents punts al ple:

1. Instar al Govern d’Espanya a tramitar i aprovar la “Llei per a la igualtat Plena de les Persones Trans” fonamentada en la despatologització de les identitats trans, en l’autodeterminació de la identitat i expressió de gènere i en l’abordatge de polítiques per intervenir en la desigualtat estructural que pateixen les persones trans en múltiples àmbits de la vida social, tal com ha expressat la Plataforma Trans Estatal..
2. Informar a tots els Grups del Congrés dels Diputats d’aquesta moció, així com al Ministerio de Igualdad, a la Plataforma Trans Estatal, Observatori Contra l’Homofòbia, la Xarxa de Municipis LGTBI de Catalunya i a la Federació Estatal de Lesbianas Gays, Trans y Bisexuales (FELGTB).